Jaime Pinilla Domínguez: Profesor Titular de Economía Aplicada de la ULPGC.

La salud es el elemento de la vida más apreciado por los ciudadanos. Es por ello que la sanidad es una de las políticas públicas que los ciudadanos consideran prioritarias para el Gobierno siendo, en nuestro país, bien valorada y considerada prestadora de un servicio de calidad. Sin embargo, nuestro sistema sanitario tiene algunas debilidades, en parte relativas a su composición y gestión, pero también, a una financiación insuficiente para hacer frente a un gasto que crece mucho más rápidamente que el conjunto de los ingresos, lo que dificulta la prestación de este servicio básico para el bienestar de los ciudadanos.

Un conjunto de factores influye significativamente en la evolución del gasto sanitario, como la evolución de las prestaciones sanitarias con cobertura pública, el crecimiento demográfico, los avances tecnológicos (con nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas más caras), la aparición de nuevas patologías y el desarrollo socioeconómico, que genera una demanda superior al ritmo de crecimiento de su renta, de más calidad y confort.

El gasto público en sanidad los financiamos con nuestros sueldos y ahora también con nuestro consumo. El pasado mes de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta presentada por el Gobierno a la Conferencia de Presidentes para financiar el déficit sanitario, según lo acordado, los nuevos fondos que recibirán las comunidades autónomas podrán incrementarse por parte de cada comunidad mediante su capacidad normativa en los impuestos indirectos (alcohol, tabaco, hidrocarburos, electricidad y matriculaciones).

Pero, como ciudadanos nos debería preocupar que antes de que un gobierno decida aumentar el gasto en una actividad concreta no se evalúe, y por supuesto trascienda, cómo se está gastando el actual presupuesto dedicado a esta finalidad así como cuál es la eficacia de dicho gasto.

Desgraciadamente, lo que nos gastamos no siempre lo hacemos a través de instituciones bien diseñadas para el objetivo que persigue el gasto, ni disponemos del marco regulatorio más apropiado, ni muchos de los instrumentos en que se materializa el gasto son los más adecuados para la finalidad que se persigue y, por ello, la eficacia de nuestro gasto es manifiestamente mejorable. Para mejorar la calidad y la eficiencia del conjunto del sistema de salud, hacen falta más recursos. Sin embargo, si se incrementaran los recursos sin corregir las ineficiencias, se continuaría alimentando a estas últimas. Por lo tanto, cualquier mejora de la financiación tiene que ir acompañada de la mejora de la eficiencia de los procesos correspondientes.

El sistema de salud tiene mucho camino por recorrer para mejorar la eficiencia. Eso requiere aplicar las medidas adecuadas. Para desarrollarlas, es esencial generar la corresponsabilización de sus agentes. Algunas de las medidas que se proponen pueden afectar a los intereses de sectores determinados, y generar controversia. No obstante, la responsabilidad última de la mejora de la calidad y la eficiencia del sistema es de las autoridades políticas, las cuales tienen que generar la confianza y el apoyo sociales necesarios para aplicarlas. Sin embargo, desgraciadamente, el problema de la sanidad en España sigue siendo un arma arrojadiza entre partidos políticos. Está claro que nuestro Sistema Nacional de Salud necesita más recursos pero si el poder político, y posteriormente los órganos gestores, no asumen su responsabilidad con coherencia, los recursos adicionales no acabarán teniendo una influencia marginal creciente en nuestra salud.