Oscar Bergasa Perdomo. Profesor titular de Economía Aplicada de la ULPGC

Es bien sabido que el proceso de elaboración y aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias (LO 10/1982 de 10 de Agosto fue un parto doloroso y dejó una amplia secuela de insatisfacciones, tanto entre los partidos políticos, como en la opinión pública mejor informada. En efecto, no se pudo acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, la vía de máximo nivel competencial y hubo de recurrirse al procedimiento de aprobación de una Ley Orgánica de Transferencias complementarias la llamada “LOTRACA” que, solo en parte compensaba la lógica frustración de los que pensábamos que si existía una Comunidad con las condiciones adecuadas para alcanzar ese máximo nivel, esta era Canarias.

Transcurridas mas de dos décadas y cuando ya se han realizado reformas parciales del texto original,( la mas significativa es la que nos define como nacionalidad (¿) histórica) y cuando se ha alcanzado el techo competencial estatutario, se vuelve a plantear la necesidad de reformar el Estatuto aduciendo razones que, en unos casos pueden parecer sumamente vagas y difusas y en otros, parecen de difícil justificación .

Existen sobrados argumentos para afirmar que el comportamiento de nuestras instituciones de autogobierno arroja un balance de luces y sombras, que se proyecta en el horizonte como una sucesión de claros y nubarrones que, perturban el normal desenvolvimiento de la sociedad canaria. Algunos órganos de autogobierno han caído en el olvido profundo de los ciudadanos, como es el caso del Parlamento y de sus órganos de control externo del gobierno( Audiencia de Cuentas y Diputado del Común ) Ante un panorama político de fragmentación de la representación popular y de desigualdad profunda de la misma derivada del vigente sistema electoral ( sistema de circunscripciones insulares con representación reforzada y mas que proporcional a su población), los partidos políticos con representación parlamentaria han aceptado como mal inevitable la “italianización” de nuestra vida pública, esto es : coaliciones de gobierno imposibles, insularismo rampante, confrontación continua entre instituciones y así podríamos enumerar una larga lista de problemas no resueltos, que se traducen en un funcionamiento ineficiente de los poderes públicos canarios.

Pero nos encontramos ante una oferta del Gobierno de la Nación surgido de las Elecciones Generales del 14 de Marzo de 2004, para acometer una amplia negociación que conduzca al consenso nacional y que permita “cerrar” el proceso autonómico, eliminando las asimetrías derivadas de las distintas vías seguidas para alcanzar el autogobierno y tomando como referencia el conflicto vasco y el irredentismo catalán al parecer, nos hemos lanzado a una carrera basada en el principio de “ y yo mas”. La pregunta que surge inmediatamente es; ¿ Mas para que ¿

El Estatuto de Autonomía vigente a la fecha actual, no ha sido desarrollado en todas sus posibilidades, ni por lo que se refiere al ejercicio de las competencias propias y a los propios mandatos estatutarios ( tal es el caso del artículo 57 del Estatuto que exige la creación de un Fondo de Solidaridad Interinsular que ahorraría muchos debates estériles y que 23 años después de la aprobación de la LO 10/1982 todavía espera a que un gobierno presente el correspondiente proyecto de ley; o la ausencia de una regulación adecuada de nuestra organización territorial a nivel local, mediante la aprobación de un auténtico estatuto local canario que reconozca y garantice el ejercicio de la autonomía local como fija la Constitución ), ni en lo que concierne a aqullos aspectos políticos que podrían dotar de mayor estabilidad a la Comunidad Autónoma , tales como el sistema electoral y el papel que deben jugar los Cabildos Insulares, mas allá de su posición puramente administrativa.

El Gobierno de Canarias en su Comunicación al Parlamento de 6-X-2004, hablaba de razones para la reforma estatutaria , que se nos antojan cuanto menos , evanescentes. “saltos cualitativos”( pag.2), “ desventajas históricas convertidas en alternativas de futuro”, “ archipiélago de referencia” ( pag. 3), y así un largo etc.

En realidad necesitamos resolver algunas cuestiones concretas, por ejemplo la posibilidad de disolución anticipada del Parlamento, facultad de la que hoy carece el Presidente del Gobierno de Canarias; corregir la representación insular para que el sistema de representación proporcional sea capaz de reflejar la auténtica realidad social canaria; resolver la cuestión de la representación territorial ( insular) en las instituciones de autogobierno ( por ejemplo, una segunda cámara );desarrollar los instrumentos de autogobierno reconocidos en la Constitución y en el Estatuto y así podríamos seguir enumerando una enorme tarea por realizar que, no requiere de mas reformas y mucho menos de invocaciones europeistas, como las que se hacen en relación con el Proyecto de Tratado para Una Constitución de la Unión Europea , que únicamente incorpora lo que ya figuraba en el Tratado de Ámsterdam, esto es el reconocimiento de los territorios ultraperiféricos de la Unión, en plural.

Apelar a “ momentos históricos” resulta unrecurso bastante manido, cuando se olvida que los auténticos momentos históricos se vivieron 23 años atrás y que se ha perdido un tiempo precioso, que es preciso recuperar avanzando mas rápidamente.