Mª del Pino de la Nuez Ruiz. Directora del Aula de la Mujer de la ULPGC

Con el objetivo de proponer que el nuevo Estatuto pueda incorporar toda una serie de derechos en el ámbito competencial autonómico que le corresponde para hacer realidad el artículo 14 de la Constitución Española, debemos aprovechar la reforma del Estatuto de autonomía para establecer en el marco jurídico de la Carta Magna que tiene nuestro Estatuto los derechos de las mujeres y los instrumentos para hacerlos posibles, y considerar la dimensión europea desde la perspectiva de la ejecución de las normas y decisiones entre mujeres y hombres.

Así ante el proceso de revisión del Estatuto de Autonomía de Canarias el Aula de la Mujer de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna hemos elaborado una propuesta de Título específico de “igualdad de mujeres y hombres”, título de intervención transversal u horizontal en la totalidad el texto. Aplicando en el proceso de formulación de sus contenidos y en el de ratificación del Estatuto, el principio de solidaridad social y territorial en la promoción de la igualdad.

Ha sido entendido en el documento el enfoque de género como estrategia de intervención global, marco de interpretación y una herramienta no como un fin. Por ello, en el nuevo Estatuto es preciso, que no se trate a las mujeres, como un grupo de interés aislado y homogéneo, sino que se aborden en éste las políticas de igualdad como un instrumento para garantizar la ciudadanía plena de las mujeres y para fortalecer las políticas de las mujeres mediante un Título dedicado íntegramente a la descripción de los derechos, obligaciones, mandatos e indicadores, que permitiesen hacer real y efectiva la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

En dicho Título se agrupan, otorgándoles rango de norma, la no discriminación por razón de sexo o por razón de orientación sexual, la igualdad de las remuneraciones y las acciones positivas en el marco profesional, lla igualdad de trato, la regulación de la vida familiar y la conciliación de ésta con la vida profesional, así como los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la salud, y el respeto a la diversidad y a la diferencia. El estatuto contendrá como objetivo específico la erradicación de la feminización de la pobreza y la violencia de género, como dos expresiones principales de las desigualdades de género.

Es necesario prestar atención a las cuestiones de género en el nivel gestor de las organizaciones públicas, la adopción de medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones públicas, así como en los presupuestos públicos debiendo ser entendido como principio rector de la política económica y de la planificación económica.

El estatuto garantizará el análisis del impacto de género de todas las acciones normativas promulgadas por la Comunidad Autónoma Canaria con el objetivo de impedir que ninguna ley ni decreto fomente el mantenimiento de los roles de género y las desigualdades que se deriven incluyendo el uso de un lenguaje no discriminatorio.

Se trata de avanzar, en la igualdad de género, y de hacer real y exigible el principio de paridad en las candidaturas a las elecciones autonómicas y en el desempeño de los cargos públicos canarios, acercando la democracia a las ciudadanas y a los ciudadanos. La inclusión de la representación equilibrada en el Estatuto es una garantía de desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres en el terreno de la representación política y constituye una condición para profundizar en la Comunidad Autónoma de Canarias la democracia, como un sistema basado en las relaciones de igualdad, de simetría y de reciprocidad y sin una representación equilibrada de mujeres y hombres estos principios no se cumplirían. La democracia paritaria significa una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y el reconocimiento de una transformación social, con reflejo en lo político; la democracia paritaria es instrumento y objetivo en el aumento del grado de legitimidad de los procesos de toma de decisión política.

Estamos ante un nuevo pacto entre hombres y mujeres, que posibilite una revisión de lo tradicionalmente considerado privado y público, y sobre todo el establecimiento de las relaciones humanas no basadas en la fuerza o violencia y la exclusión. La igualdad entre las mujeres y los hombres se erige como instrumento fundamental de la convivencia y de la legitimidad de un sistema, podemos ser una de las Comunidades Autónomas pioneras en conseguir que se incorporen en un texto fundamental los derechos de las mujeres otorgándole rango de norma estatutaria que conlleven a la redacción de una futura Ley de igualdad de mujeres y hombres en nuestro ámbito territorial.