José Luis Quevedo, Departamento de Análisis Económico Aplicado.

Si por algo deberíamos felicitarnos a tenor del resultado obtenido en el reciente debate político sobre la financiación del estructural déficit sanitario no es por haber conseguido un dinero extra para los dos próximos años que coadyuve a paliar la insuficiencia presupuestaria que sufre nuestro sistema sino, primordialmente a mi entender, por haber mostrado a toda la sociedad las razonables dudas que existen sobre su sostenibilidad si no cambiamos nuestra actual concepción sobre la sanidad pública.

Aunque es cierto que en relación con los países de nuestro entorno gastamos menos de lo que nos correspondería dado nuestro poder adquisitivo (algunos estudios llegan a situarlo en un 10% menos), no es menos cierto que más dinero signifique necesariamente mejor salud o mejor sistema sanitario; sobre todo en un escenario inflacionista tanto por el lado de la demanda (población creciente, más informada y en progresivo envejecimiento) como por el de la oferta (rápida difusión de las innovaciones tecnológicas sanitarias sensiblemente más caras). Por tanto, más recursos dirigidos al sistema sanitario son necesarios pero no son ni mucho menos la solución al problema de la sostenibilidad de un sistema sanitario público que se basa en dos principios que recogen las leyes básicas del sistema sanitario español: calidad en la atención sanitaria y garantía de la equidad.

Aparte de las soluciones vía aumento de ingresos fiscales derivados de impuestos indirectos (no exentas de debate político y académico) me gustaría entrar en otros aspectos no menos importantes pero algo desvanecidos en el reciente debate. El mensaje fundamental es que si queremos disfrutar de un sistema sanitario público de calidad y al que todo aquel que lo necesite tenga acceso debemos responder a la pregunta de quién sostiene el sistema con un mayor compromiso de implicación de todos los agentes que en él intervienen. Desde el área de responsabilidad de la administración sanitaria (y en este terreno el modelo autonómico con el que nos hemos dotado hace a las Comunidades Autónomas y sus servicios de salud plenamente responsables) queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la gestión sanitaria y en la orientación del modelo sanitario. Se trata de empezar a situar el énfasis en cómo se gasta el dinero haciendo un uso eficiente de los recursos. Al único efecto de ilustrar con algunos ejemplos, disfunciones como el elevado peso del gasto sanitario hospitalario y especializado (54%) respecto de la atención primaria (14%) o el escaso papel que juegan las Agencias de Evaluación y Gabinetes de Planificación requieren de una atención inmediata. Es necesario también mejorar la estrategia de información; desde la ayuda a la prescripción médica basada en la evidencia científica (y no en las estrategias de marketing de las compañías farmacéuticas) hasta la implantación de un sistema de información sanitaria que permita medir, evaluar y comparar los resultados del sistema de salud y efectivamente ayude en el proceso de toma de decisiones. En el informe del Consejo Económico y Social de Canarias 2004 ya observábamos que “…se observa un déficit importante en la disponibilidad de una información estadística que pueda llegar a constituir un verdadero sistema de información sanitaria”, y es, “…aún una asignatura pendiente y un elemento básico en la elaboración de planes y estrategias y en la evaluación de los mismos”.

Pero no sólo la administración sanitaria está implicada en este necesario “contrato social”. Los profesionales sanitarios y los ciudadanos en tanto que usuarios del sistema también deben modificar su visión del sistema. Una mayor implicación de los profesionales sanitarios en la gestión acompañada de una mayor conciencia de su papel como gestores de recursos públicos ayudarían en la búsqueda de la eficiencia. En un estudio publicado recientemente España es, entre varios países europeos, el país donde se tiene una concepción más paternalista de la asistencia sanitaria, de forma que médicos y pacientes asumen que las decisiones de carácter sanitario caen sobre la exclusiva responsabilidad del médico. Un mayor esfuerzo en concienciar a los usuarios de la sanidad pública de su papel como administradores de un recurso escaso también incidiría positivamente sobre el uso eficiente de los recursos sanitarios. Y no se trata sólo de “democratizar” la gestión incorporando a los movimientos vecinales y asociaciones de usuarios a los Consejos de Salud. Se trata de educar a la población general en el uso adecuado del sistema sanitario y en la gestión de su propia salud. Desde la vía puramente educativa y de concienciación hasta la introducción de mecanismos reguladores de la demanda a través de copagos o autogestión de dolencias menores, el catálogo de medidas dirigidas a la mayor implicación del usuario es amplio y no exento de debate y con fuertes implicaciones políticas.

En definitiva, se trata de reeditar el “Contrato Social” de Rousseau en el ámbito de la sanidad pública: "…encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, con todas las fuerzas comunes, a la persona y bienes de cada asociado; en ella, la unión de cada uno con el resto permite, no obstante, que cada uno no obedezca sino a sí mismo y siga tan libre como antes". La respuesta entonces es: ¿Quién sostiene la sanidad pública? Todos y cada uno de nosotros.