Abrimos este quinto número de El Digital, la revista electrónica mensual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un reportaje sobre el Defensor de la Comunidad Universitaria (DCU), un órgano creado en la ULPGC en 1998, mucho antes de que se legislara su existencia por la Ley Orgánica de Universidades. Esta decisión pionera de la ULPGC se ha consolidado en el panorama universitario español, ya que hoy en día más de la mitad de las universidades públicas españolas tiene regulada y dotada esta figura, que se considera importante para la defensa de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria ante actos administrativos, actuaciones y responsabilidades de los diferentes órganos y servicios de la institución, una vez están agotadas estas vías.

El Claustro de nuestra Universidad tomó la decisión de que este importante órgano de mediación, --que con su actuación conciliadora evita en muchos casos el recurso a instancias judiciales con satisfacción de las partes--, sea un órgano colectivo: formado por dos profesores (uno de ellos preside), un estudiante y un miembro del personal de administración y servicios. En estos momentos se da la circunstancia de que todos sus miembros son mujeres.

Todos los órganos y miembros de la institución están obligados a colaborar con el DCU, con carácter urgente y preferente, para que éste pueda desarrollar su labor con total autonomía, imparcialidad e independencia y lleve a buen término el cumplimiento de su misión que es salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los miembros de la comunidad universitaria para evitar situaciones de indefensión o arbitrariedad en su relación con la ULPGC.

De la actividad de este órgano se da cuenta anualmente al Claustro Universitario en una memoria de actividades. La última presentada, correspondiente a las actuaciones del año 2002, destaca la realización de 135 acciones, con resultado satisfactorio o consensuado en un 68% de los casos. Hay que señalar que el número de intervenciones supone cerca de un 20% menos que el año anterior lo que, en opinión del DCU, se corresponde con que "se está haciendo un esfuerzo considerable en acercarnos a lo que se supone como un ideal en la figura del mediador, como es el hecho de intentar resolver los problemas que se presentan por la vía del diálogo y del razonamiento compartido, dando lugar así a un número inferior de expedientes sobre los que se tenga que evacuar una recomendación escrita".