Josefina Dominguez Mujica, Profesora titular de universidad de geografia humana, ULPGC

El fenómeno migratorio ha pasado a ser, en estos últimos años, un acontecimiento trascendental. En el marco de las sociedades europeas, la inmigración es un factor decisivo de desarrollo y de codesarrollo. Sin embargo, las políticas de inmigración ejecutadas hasta el presente por los Estados de la Unión han presentado grandes deficiencias tanto en lo relativo a la regularización de los flujos migratorios como en lo referente a la integración social de la población extranjera.

Canarias se ha convertido en muy poco tiempo en una Comunidad receptora de un considerable número de inmigrantes europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos, circunstancia en la que ha influido poderosamente la entrada de España en la Unión Europea y la bonanza económica de estos últimos años. En la década de los noventa hemos asistido a una aceleración de los flujos migratorios, a la feminización de dichas corrientes y a una creciente clandestinidad. Estas circunstancias han hecho que se produzca, en la actualidad, un grave dilema ético entre la necesidad de mantener el concepto de ayuda humanitaria, para todas aquellas personas que son perseguidas por la violencia o el hambre, o que simplemente quieren una oportunidad para mejorar su vida, y la capacidad de acogida del Archipiélago.

Teniendo en cuenta tan sólo el quinquenio 1996-2000, Canarias se ha situado como segunda Comunidad Autónoma del Estado en cuanto al impacto migratorio, después de Baleares, y como quinta en cuanto al saldo migratorio, detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana y las perspectivas recientes permiten adelantar que la tendencia se va a mantener en los próximos años. Estos flujos son de muy diverso tipo, ya que no sólo se ha incrementado la atracción para la población procedente de países con un escaso nivel de desarrollo sino también para otros muchos colectivos, lo que vuelve extraordinariamente complejo el panorama de la inmigración extranjera en Canarias (inmigración de retorno, inmigración de retiro,...) Además, todo ello ha repercutido en una serie de beneficios para el mercado laboral y para la estructura demográfica.

El Archipiélago, por su situación geoestratégica, por tradición histórica, por razones de solidaridad y por la propia conformación del territorio insular no puede quedar ajeno e insensible al fenómeno de la inmigración. Eso explica la fase avanzada de elaboración del Plan Canario de la Inmigración, documento que sirve de base para el diseño y realización de las políticas dirigidas a promover la igualdad, el desarrollo y bienestar de los inmigrantes extranjeros llegados a las Islas, a facilitar su acogida y a potenciar su integración en la sociedad isleña. Otras iniciativas públicas son la del Foro Canario para la Inmigración, la del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, la del encargo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para una investigación sobre la inmigración irregular, los informes que realiza en relación con la población el Consejo Económico y Social de Canarias y el Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias. Todas estas medidas ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio y en la atención a un fenómeno que se revela definitivo en la conformación de la sociedad insular del siglo XXI.

Es cierto que se hace necesario anticiparse con ciertos programas para combatir eficazmente la marginación y la exclusión social de los inmigrantes, así como la aparición de sentimientos de racismo y xenofobia en la sociedad de acogida.

Por otra parte, la dimensión reciente que ha alcanzado la inmigración y la capacidad territorial de una comunidad insular también exigen una profunda reflexión, algo similar a lo que sucede con las medidas que se han de adoptar para intentar controlar los flujos de inmigración irregular. Para que todo ello sea posible se ha de promover la coordinación entre los distintos ámbitos de actuación administrativa y se ha de seguir analizando el fenómeno desde la perspectiva de las Ciencias Sociales.

Desde mi punto de vista, son muchos los interrogantes que aún se plantean:

• ¿Cómo hacer compatibles la condición insular del Archipiélago, la inmigración y un modelo de desarrollo sostenible?
• ¿Cómo contribuir a garantizar la integración social de los inmigrantes?
• ¿Qué políticas o programas de actuación han de ponerse en marcha para facilitar el tránsito hacia una sociedad más compleja y diversificada?
• ¿Cómo asegurar la provisión de servicios públicos en una sociedad caracterizada por un ritmo de crecimiento demográfico vertiginoso?
• Los movimientos migratorios denominados por los anglosajones “the rush southwards” ¿pueden convertir ciertas zonas del Archipiélago en un geriátrico europeo?
• ¿Qué capacidad de acogida tenemos para la población africana y latinoamericana que huye del horror y de la miseria?
• ¿Qué medidas habrán de adoptarse para reducir las diferencias que se aprecian en el comportamiento demográfico de las distintas islas y, en consecuencia, contribuir a la cohesión social del Archipiélago?

Los universitarios canarios estamos obligados a dar respuesta a estos interrogantes, como ciudadanos y como científicos preocupados por la sociedad y el territorio.