Aniano Hernández, Profesor de Psicología y Sociología, ULPGC

Subsisten dos grandes verdades sobre el fenómeno de la inmigración en Canarias, a saber: a) los inmigrantes son seres humanos con los mismos derechos ciudadanos que el resto de los mortales, vienen a trabajar, a crear riqueza, a convivir y a crear proyectos de vida compartidos con los que no somos inmigrantes; b) Canarias es un territorio limitado y distanciado, gratamente protegido por leyes de conservación de su naturaleza, altamente poblado, y sus recursos naturales (costas, flora y fauna...) muy afectados por el desgaste de una alta densidad demográfica (670 h/km2 en suelo apto).

Cómo compatibilizar estas dos grandes verdades es el reto principal de una política migratoria justa. Y desde luego, en el caso canario, la política autonómica debe adquirir un protagonismo singular en materia migratoria. No puede esperarse efectividad, o al menos cierta racionalidad, cuando los poderes públicos canarios quedan al margen de la ordenación y el control de los flujos; de los permisos de trabajo y residencia, al margen de las relaciones con los países emisores, de las políticas de cooperación internacional, y de las de fomento del retorno. Es cierto que en la cosa migratoria, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas están en pañales; pero el tiempo irá colocando a cada uno en su sitio, y al final veremos que los territorios tienen mucho que decir y decidir sobre esta materia.

Dicho lo anterior, y desde la perspectiva de Canarias, queda lo básico: aumento de programas sociales destinados a los inmigrantes desfavorecidos; revisión de la planificación de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, etc.) debido a la afluencia ininterrumpida y en constante crecimiento de inmigrantes; organización de la administración para una atención más especializada; y desde los poderes locales de las “zonas calientes” –Ayuntamientos y Cabildos- es necesario implementar programas de prevención del racismo y la xenofobia. Los actos criminales de carácter racista surgidos en los últimos meses, puede que no respondan exclusivamente a determinadas actitudes individuales y espontáneas; por el contrario, es posible que esté madurando, de forma latente, un racismo social o grupal, pseudo-organizado, ya manifiesto en ambientes marginales.

En todo caso, la preocupación social respecto a la inmigración se concentra en los irregulares. Son el “ejército industrial de reserva” del siglo XXI. Los gobiernos hacen fabricar leyes de extranjería restrictivas, pero hacen la vista gorda respecto a la ingente masa de inmigrantes irregulares que trabajan para nuestros empresarios. Se consigue así un reforzamiento de la flexibilización del empleo: se impide la sindicación y la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores extranjeros, se contienen los salarios de los nativos, y se “naturaliza” y extiende una economía sumergida basada en el empleo ilegal. Este doble juego de no-pero-sí estimula el negocio clandestino y fraudulento de las mafias en torno a los viajes, la documentación, el trabajo y la vivienda de los inmigrantes. Sin embargo, tanto por el bien de los países emisores, como de los receptores, la emigración debe convertirse en un proceso regulado, planificado, de interés multilateral; así se permitiría establecer entidades legales –públicas o privadas- gestoras de los movimientos migratorios. Más aún, el futuro debe encuadrar los procesos migratorios dentro de una estrategia de desarrollo social global.

Nuestros gobiernos ricos caminan muy lento frente a la desesperación de los miles de millones de pobres de la globalización. Los gobiernos no acaban de tomarse en serio las recomendaciones de los organismos internacionales que abogan por una política de control de la natalidad en los países pobres, por la cooperación inversora en su salud pública y educación, por la desprotección de nuestros mercados exclusivistas, conjunto de medidas capaz de entresacar a estos países de la espiral de la pobreza.

Como vemos, la estrategia de normalización, y con ella de reducción, de los movimientos migratorios pasa tanto por la regulación hacia el interior, facilitando el empleo legal de los extranjeros, como por la cooperación exterior, sin paliativos, para reducir la pobreza. Mientras esta utopía no se haga realidad, en lugares como las Islas Canarias, especialmente, seguiremos percibiendo con desconfianza, y acercándonos al indeseado desprecio étnico, el hecho ilegal e inhumano de la inmigración, tal y como acontece hoy en día.