Nicolás Navarro Batista (Prof. Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales).

La administración Bush no ha contribuido, ciertamente, al progreso del Derecho Internacional Público (DIP). Y no parece que la reelección del presidente de los EEUU genere buenos augurios. Que una de sus primeras medidas haya consistido en premiar la labor de Condolezza Rice convirtiéndola en Secretaria de Estado no parece, desde luego, una buena noticia si, como indican los medios, es una de las artífices del documento sobre la “Estrategia de Seguridad Nacional”, aprobada en septiembre de 2002 (la ¿célebre? doctrina de la «guerra preventiva»). ¿Se imaginan que cada Estado aplicara esa misma estrategia, que cada Estado decidiera que en el ámbito internacional su propia concepción de la seguridad nacional es la clave principal, si no exclusiva, para determinar la política a seguir?.

Aclaremos algunos conceptos. El DIP no prohíbe la guerra preventiva; es más, en algunos casos, necesariamente extremos, la guerra preventiva puede ser el único medio útil para combatir una amenaza extraordinaria e inminente, cuando no quepa recurrir a otros medios para hacer frente a un riesgo acusado. La guerra preventiva no es la cuestión principal; tampoco lo es si el régimen de Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva o apoyaba grupos terroristas. Que no nos manipulen, que no perviertan el debate sobre una guerra que primero se hizo por la amenaza de armas de destrucción masiva, luego para combatir el terrorismo y, al final, por el «altruista» motivo de acabar con una dictadura despiadada.

La clave del debate siempre ha sido la misma: quién puede autorizar la guerra y cómo. Tras varios siglos de libertad omnímoda, el DIP consiguió crear un sistema, imperfecto, pero infinitamente más civilizado que cualquier otro existente. Se atribuyó una competencia expresa y específica al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para determinar cuándo se debe actuar y con qué medios. Este sistema es el que EEUU ha vulnerado de forma flagrante al invadir y ocupar ilegalmente Irak infringiendo de forma gravísima no sólo el DIP, sino sus propios compromisos. En efecto, el sistema de seguridad ideado por la Carta de las Naciones Unidas fue obra de EEUU. Su intervencionismo unilateral resquebraja uno de los rasgos principales del sistema: su carácter «colectivo».

¿Es que EEUU sólo puede oscilar entre el aislacionismo de la doctrina Monroe o el intervencionismo unilateral? ¿No lograremos convencer a la opinión pública estadounidense y a su clase dirigente de que el multilateralismo de Naciones Unidas es la mejor opción, por imperfecta que sea? Tras la experiencia que están teniendo con la ocupación de Irak, ¿creen realmente que en un mundo globalizado basta el poder militar? ¿Vencer o convencer? El Derecho es civilización; lo demás, barbarie.

La protección de los derechos humanos tampoco ha salido reforzada, pese a que EEUU ha sido un adalid en esta materia. Hace escaso honor a sus antepasados, que aprobaron la Declaraciones de Virginia y Filadelfia, cuando rechaza sistemáticamente impulsar esa nueva justicia internacional que encarna la Corte Penal Internacional. Dilapida su patrimonio histórico y cultural cuando se comprueban las torturas padecidas por los presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, cuando se constata que los presos de Guantánamo han sido desnudados, sometidos a altas y bajas temperaturas intermitentes, a ruidos ensordecedores, a prácticas destinadas a interrumpir el sueño, a estrangulamientos, palizas, abusos, violaciones, o cuando se les obliga a defecar y orinar mientras permanecen atados. También se pone en entredicho cuando la Corte Internacional de Justicia constata que ha vulnerado el derecho a un proceso justo en la condena a muerte de 51 ciudadanos mejicanos que no contaron con la asistencia de su cónsul.

Y sin embargo, en medio de esta vergüenza, hay noticias esperanzadoras. Por ejemplo, que agentes del FBI hayan denunciado las torturas de Guantánamo, como se ha puesto de relieve gracias a la decidida actuación de la Unión Americana por las Libertades Civiles (El País, 22.12.2004). Igualmente alentador es que el Tribunal Supremo de EEUU haya reconocido a los presos de Guantánamo, al menos, el derecho a un recurso judicial, rechazando la pretensión del Gobierno de EEUU de que esas personas estaban fuera de su jurisdicción. En la protección de los derechos humanos no hay campos de concentración fuera de su jurisdicción. En fin, 9 jueces-lores británicos han declarado ilegal la Ley antiterrorista del RU de 2001 que permitía la prisión indefinida de «extranjeros» sospechosos de terrorismo sin procesamiento.

Otras muchas cuestiones quedan pendientes. Me gustaría destacar un fenómeno no exclusivo de EEUU, pero igualmente preocupante: el excesivo peso que el poder económico tiene en las decisiones políticas. El más conocido ejemplo lo constituye el rechazo de los EEUU a ratificar el Protocolo de Kyoto, prefiriendo adoptar medidas nacionales que han demostrado claramente su ineficacia en la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Y qué podemos decir de una actuación tan contradictoria con el liberalismo económico que aparentemente defiende como la aplicación de aranceles a la importación de acero, declarada ilegal por la Organización Mundial del Comercio?. Pero hay otros ejemplos menos conocidos que demuestran las presiones económicas de grandes corporaciones no controladas sobre el poder político, como la oposición de EEUU a adherirse al régimen que gobierna los fondos marinos internacionales, que son patrimonio común de la Humanidad.

En un mundo complejo, interdependiente, parcialmente globalizado, y con una agenda atestada de problemas y de necesidades, necesitamos un nuevo compromiso de los EEUU. Derecho y Cooperación constituyen el binomio imprescindible.