Juan Fernando López Aguilar Catedrático de Derecho Constitucional ULPGC. Catedrático Jean Monnet de Derecho Europeo

Para bien o para mal vivimos insertos en una fenomenal transformación de la política hacia lo que se ha calificado como “democracia mediática”, que no es otra cosa que una nueva forma de gobierno, muy alejada de las pautas del parlamentarismo clásico, en la que la televisión y los medios de comunicación de masas desplazan al Parlamento en la conformación de las imágenes que la ciudadanía adquiere acerca del espacio público, al punto de erigirse en el gran foro de debate y en la arena donde se libra la confrontación por el poder.

En el nuevo sistema, las funciones que tradicionalmente han desempeñado los medios de comunicación -cuyo papel reconoce la Constitución española, al servicio del pluralismo y de la información veraz, tal y como aparecen en el artículo 20- han ido alcanzando una creciente trascendencia hasta absorber, de hecho, cometidos propios de las instituciones representativas. Los medios condicionan el pálpito de la vida política y alteran la realidad de modo irresistible; en la práctica sólo “existe” lo que “entra” en “las noticias” que deciden “dar” los medios de comunicación. Una aplastante perversión de las reglas de juego de la democracia puede derivarse del hecho de que los medios lleguen a establecer qué es “la realidad” social, acallando o publicando a discreción acontecimientos, y sometiéndolos al arbitrio de una “actualidad informativa”, sin legitimación democrática sino empresarial o de mercado. Y no sólo por el control que ejercen sobre la información, sino, sobre todo, porque son dichas empresas quienes, oligopolística o monopolísticamente determinan la “formación” de la opinión pública, y por ende, la controlan. Si a esta expansión “informativa”y/o “formativa” le añadimos el efecto contrainformativo y contraformativo de la “telebasura”, dirigido a la neutralización social y a la narcotización de quienes en teoría deberían decidir, nos encontramos de plano con que un poder desbordado y sin legitimación democrática campa por sus fueros ajeno de control alguno.

Los medios de comunicación se han erigido por sí mismos en un auténtico poder político. No son poder fáctico, como definíamos antaño. Son poder político: deciden acerca de la vida y la convivencia de la gente, jerarquizando el orden de importancia de los problemas, asuntos y temas; dan perfil a la información, conforman la realidad y la percepción de ciudadana de las cosas; determinan la agenda política, las soluciones políticas a los problemas que ellos mismos priorizan e incluso interfieren el proceso de creación política y de producción normativa. Cabe afirmar incluso que se han constituido como poder por cauces inquietantemente próximos a la intuición hobbesiana: desde su aceptación tácita, no expresa ni racionalizada, y reforzada en el amparo que la retórica de la comunicación pública libre como elemento básico para toda democracia concede a la cada vez más mercantilizada libertad de expresión y al cada vez más debilitado valor del pluralismo.

Su liberación al mercado les ha permitido mantenerse ajenos a los controles que corresponden a la ciudadanía con la ordenación civilizadora que conocemos como democracia constitucional. Un control por lo demás bien difícil de ejercer por quienes están invisiblemente condicionados, estimulados y conformados por la realidad que los mismos medios nos ofrecen. La dejación de los medios a un hoy inexistente self-retraint o “autorregulación” de su creciente poder puede abrirle el paso así a un Leviathan de dimensiones gigantescas, que sometido a su propia lógica económica y a los intereses privados que los sustentan, plantea nuevos desafíos a los valores constitucionales: baste pensar en la emergencia del pensamiento único, o en los frenos o sordinas a los mensajes políticos que no consideren conformes con sus propios intereses.

En este orden de consideraciones, es imprescindible que los ciudadanos perciban con transparencia cómo se determina la “información” y “formación” dada por los medios. Es saludable advertir los riesgos y patologías de la sociedad hipermediática, manteniendo la alerta, frente a toda forma de poder carente de legítimos controles efectivos. Es asimismo, reflexionar sobre su perfilamiento como forma de poder, justamente para garantizar que dicho poder se ejercita en términos respetuosos con los valores y derechos que la Constitución establece.

El proceso sería parecido al de la constitucionalización de los partidos políticos, gracias a la cual se ha permitido su legitimación y, al tiempo, su garantía. en orden a la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos frente a abusos de poder públicos o privados. La democracia mediática, constitucionalizada, fijaría así sus límites, en garantía de transparencia del propio funcionamiento del sistema y de la esfera de libertad y dignidad inviolables de la ciudadanía.

Para que llegue este momento se requiere una cultura política y una formación política activas en la sociedad, en la que deberá irse trabajando desde y con los instrumentos de mejora de calidad democrática de los que disponemos. Empezando por garantizar la subordinación de los valores de la Constitución de los medios públicos de comunicación, y continuando por garantizar que en los medios públicos no hay lugar para la basura, la degradación consentida de la dignidad personal, la mercantilización de los derechos y la obscena “compra-venta” de la intimidad despojada de interés público alguno. Dicho esto, otras muchas reformas parecen también necesarias: el fortalecimiento del papel del Parlamento, que debe recuperar su papel fundamental como foro de debate y discusión de propuestas; el aumento de la participación ciudadana directa en el proceso político. Un fortalecimiento, en definitiva, de una democracia cuya calidad debe ser preservada cada día y todos los días con vigor y con esmero.