Pablo Martel Escobar. Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la ULPGC

José López Feliciano. Director de Cooperación Internacional de la ULPGC

La historia reciente nos muestra el papel fundamental que los sistemas universitarios han representado en los procesos de desarrollo socioeconómico, ligados al avance científico y tecnológico de los países. En esta línea, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, convocada por la UNESCO en octubre del 98, destacaba la importancia de las universidades en el campo de la cooperación al desarrollo, indicando que un país que carezca de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen a una masa crítica de personas cualificadas y cultas, no podrá garantizar un autentico desarrollo endógeno y sostenible.

Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en el marco internacional, el papel de las universidades como agentes de cooperación para el desarrollo de los países del Sur no aparece todavía lo suficientemente claro en relación al potencial que éstas constituyen en los proyectos normativos elaborados por las administraciones públicas competentes, tanto en el ámbito nacional como autonómico.

Aunque la universidad ha sido un agente real desde los inicios de la cooperación española su presencia no se ha notado lo suficiente, probablemente debido a que gran parte de la actuación se ha llevado a cabo a título individual y no de forma institucional. Esto, que ha empezado a corregirse recientemente en la universidad española de manera colectiva, unido a otros factores que no vienen al caso, ha influido en que hayamos tenido que esperar hasta 1998 para empezar a ver aparecer a la universidad incorporada en la regulación oficial pertinente.

En España el primer hito en pro de este reconocimiento lo constituye la ley 7/98 de Cooperación Internacional para el Desarrollo que –aunque generalmente de forma implícita– reconoce el papel de la universidad de diversas maneras. También, en el documento Estrategias para la cooperación española que publicó el MAE bajo la dirección de J.A. Alonso en 1999 y que es la base del primer Plan Director de la cooperación española que exige la ley mencionada, se destaca el papel crucial de la universidad en este campo por las posibilidades de transferencia de conocimientos, investigación y formación. En esta línea va el cambio de la composición del Consejo de Cooperación al Desarrollo, propuesta en el año 2000, que da entrada a las universidades de forma institucional ya que cuando este organismo fue creado, en 1995, a pesar de incluir diversos expertos universitarios a título individual las universidades no estaban representadas. También la importancia de las universidades en esta materia queda reflejada en el primer Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004, en el que además se indica que se “requiere adecuar los resortes instrumentales, incluyendo el establecimiento de mecanismos de cooperación entre las administraciones públicas de colaboración y otras instituciones, como las universidades,….”

Por su parte, diversas comunidades autónomas están asignando un rol más importante a las universidades en este campo de la cooperación al desarrollo. Así, en la primera ley que surge al respecto en una autonomía (ley 13/1999, de 29 de abril de Cooperación para el Desarrollo, de la comunidad de Madrid) se establece que “la Comunidad de Madrid podrá conceder subvenciones o establecer convenios o cualquier otra forma reglada de colaboración con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, empresas, organizaciones empresariales y sindicales, para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo…”. También podemos citar los casos del País Vasco, Valencia, Andalucía y Extremadura como las comunidades que más activamente han promovido la participación de las universidades en esta materia.

Si tenemos en cuenta este panorama reciente sobre la Cooperación Internacional al desarrollo a escala nacional y autonómica y si consideramos que la Comunidad Autónoma de Canarias por su cercanía geográfica o cultural, por su estatus de territorio de la UE y por constituir un modelo reciente de desarrollo socioeconómico, juega un papel potencialmente privilegiado en esta materia, urge el establecer medidas que coordinen la actuación institucional del gobierno internamente y con las de otros agentes de la cooperación al desarrollo, entendida ésta en un sentido integral, incluyendo todas aquellas acciones de externalización que contribuyan al desarrollo de las zonas deprimidas de nuestro entorno geográfico y cultural.

En esta línea, estamos convencidos de que la Universidad en general, y la nuestra en particular, representan una fuerza infrautilizada, y que acudiendo con ella y otros agentes (como las empresas y las ONGDs) bajo la coordinación estratégica del Gobierno de Canarias, ofreceríamos un valor añadido en diversos aspectos como los referentes al establecimiento de programas coordinados en materia de formación, investigación y transferencia de conocimientos, en el aprovechamiento que puede surgir de la búsqueda conjunta de fondos nacionales e internacionales, o favoreciendo un hermanamiento y conocimiento mutuo entre universitarios que propicie el clima de confianza necesario para la cristalización de una posterior relación en el plano político o comercial. Con estas acciones de interés mutuo, además de contribuir al objetivo principal, cual es el del desarrollo del país en el que tengan lugar el proyecto creando un tejido económico-social adecuado para fijar a su población, se favorecería con fondos, en muchas ocasiones externos a Canarias, la internacionalización de nuestro sector empresarial, las relaciones internacionales de nuestro Gobierno Autónomo, y en un terreno más propiamente universitario, el establecimiento de relaciones entre investigadores de pueblos cercanos y en muchas ocasiones mejorando el potencial y la infraestructura investigadora de las universidades cooperantes a través de los fondos obtenidos.

Entendemos que la participación de la universidad en la regulación que sobre cooperación al desarrollo se establezca en la Comunidad Autónoma de Canarias debe ser articulada en tres dimensiones diferentes:

1. En el ámbito de la decisión.
2. En el ámbito de la formulación y evaluación de estrategias y proyectos.
3. Como agente activo de cooperación internacional al desarrollo.

En el ámbito de la decisión pesamos que se debe crear en nuestra Comunidad un organismo de consulta-decisión que bajo la presidencia del Gobierno de Canarias incluya a las diferentes áreas del propio Gobierno con capacidad de actuación en esta materia y a los diferentes agentes implicados en la misma como son, al menos, las universidades canarias, la representación empresarial y la representación de las ONGDs. Este organismo serviría para discutir prioridades (como los ámbitos geográficos y sectores de actuación) y para proponer políticas coordinadas de actuación así como las herramientas adecuadas para la consecución de las mismas.

En el ámbito de la formulación y evaluación pensamos que las universidades a través de su personal cualificados podría, por encargo de los organismos de decisión que se establezcan en cooperación para el desarrollo, asesorar sobre la formulación de estrategias, diseño de programas o análisis de los resultados de los mismos. También y de manera similar a como se evalúan proyectos de investigación presentados a las convocatorias competitivas, podría acometer evaluaciones de proyectos específicos que se pudieran presentar en el contexto de las convocatorias que en este campo se pudiesen abrir en nuestra comunidad.

Por último, el papel de la universidad como agente activo de cooperación internacional al desarrollo puede clasificarse en los siguientes tipos de actuación: