Javier Ponce. Profesor de Ciencias Históricas

Cualquier análisis que se aproxime a Canarias y la Unión Europea debe acercarnos, asimismo, a algunos de los más relevantes principios, políticas, instituciones, especificidades y retos de futuro de la construcción europea que, iniciada en su fase de integración global con los Tratados de Roma, está a punto de cumplir el medio siglo. Así, uno de los principios esenciales para el progreso equilibrado y real de la Unión Europea es el de la solidaridad entre todos los Estados miembros y de éstos con terceros países. La solidaridad interna debe, naturalmente, favorecer que aquellos Estados, regiones o territorios de la Unión más pobres y con un menor desarrollo se aproximen a los más ricos y desarrollados. Más allá de obligaciones éticas y voluntades políticas, este principio se relaciona con una tradición y praxis comunitaria firmemente enraizada: los sectores y territorios más sensibles a la competencia dentro de una unión aduanera con libre tránsito de mercancías deben recibir “compensaciones” que hagan, más que llevadera, atractiva su integración en el mercado común.

Ni que decir tiene que las características socio-económicas de Canarias, condicionadas por la geografía, hacen del archipiélago un territorio fragmentado, frágil, con notables carencias para su desarrollo y especialmente necesitado, por tanto, de la solidaridad comunitaria. Sin embargo, paradojas de la geografía, Canarias también se ha convertido últimamente en una de las puntas de lanza de la solidaridad externa europea, que se proyecta fundamentalmente hacia el Tercer Mundo a través de las ayudas al desarrollo. Con ellas se vincula estrechamente la inmigración –de impacto masivo y creciente en el archipiélago—proveniente del cercano Tercer Mundo africano.

El principio de solidaridad, formulado de manera genérica en el Tratado del 57, se ha ido concretando a lo largo de todos estos años en distintas políticas europeas para cuya realización se habilitaron diferentes recursos económicos o fondos que, en buena medida, han cumplido el objetivo de acortar las distancias entre los menos y los más desarrollados. En este sentido, el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) ha desempeñado una función de primer orden. Y si inherente al principio de solidaridad es la cohesión económica y social, la política europea que lleva este nombre y el Fondo de Cohesión que la implementa obtuvieron carta de naturaleza después del Tratado de la Unión Europea o de Maastricht de 1992. También en este ámbito competencial, la PAC (Política Agrícola Común), la que demanda el grueso de los recursos financieros europeos, ha salvaguardado en mayor o en menor medida los intereses de las regiones más atrasadas –en donde frecuentemente el sector primario sigue detentando posiciones dominantes—a través del principio, no exento de polémica, de la preferencia comunitaria, que garantiza, dentro del mercado común, la primacía del campo europeo frente a la competencia de terceros países. La contribución de todas estas políticas y fondos al desarrollo y la modernización de las islas resulta evidente para cualquier observador de la realidad canaria de las dos últimas décadas.

En consonancia con el impulso que la solidaridad recibió en Maastricht, se hicieron necesarias reformas institucionales que respondieron a las nuevas acciones que emprendía la Unión Europea para la consecución de una mayor cohesión. En este sentido, el Tratado de la Unión Europea trajo como novedad la creación del Comité de las Regiones, formado por representantes de las entidades locales y regionales, y que ha de ser obligatoriamente consultado por las principales instituciones legislativas y ejecutivas de la Unión en varios ámbitos que afectan a los intereses regionales y, en particular, en los que se refieren a la cohesión económica y social, los transportes, las telecomunicaciones y la energía, de interés preferente para Canarias.

Ello ha permitido que las especificidades y necesidades canarias, ya recogidas en parte en el momento de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, hayan sido salvaguardadas en el tan traído y llevado artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, refrendado en Niza, que debe garantizar, frente a los problemas estructurales de las regiones ultraperiféricas, un tratamiento específico en ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales mencionados. Esto último tiene que ver precisamente con el gran reto de futuro que se plantea también para Canarias: si el proceso de construcción europea que avanza hacia una gran ampliación, que exigirá nuevas y generosas solidaridades, y que vendrá acompañada por una gran reforma institucional que consagrará la nueva Constitución, podrá avanzar en la cohesión inherente al principio irrenunciable de la solidaridad. El debate hace tiempo que está servido y a Canarias le va mucho en ello.