Alejandro Rodríguez Martín, estudiante representante, Consejero del Consejo de Gobierno y del Consejo Social

¡NO A LA LOU! Con este lema, allá por octubre de 2001, miles de estudiantes nos lanzábamos a la calle en protesta contra un gobierno –hoy oposición- que preparaba una auténtica contrarreforma del sistema universitario español; y digo “contrarreforma” porque la LRU supuso importantes avances para las instituciones universitarias que en la década de los ochenta demandaban urgentemente medidas al respecto. Sin embargo, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que derogaba a aquélla no supuso, al menos en líneas generales, mejoras para la Universidad. Además, ese mismo año comenzaba otra gran contrarreforma que no es objeto de análisis en este caso, la mal llamada Ley de Calidad (LOCE), cuyas influencias en la universidad son notorias.

Nadie podía presagiar el convulso año académico 2001/2002 que viviríamos toda la comunidad universitaria con innumerables huelgas, paros, asambleas, encierros, manifestaciones con brutales cargas policiales -como fue el caso de nuestra ciudad- y una larga lista de actuaciones que conjuntamente desarrollamos los estudiantes con el profesorado y el personal de administración y servicios, en un claro e incomparable ejemplo de unión ante un marco normativo que se hacía, en opinión de la mayoría, “contra la universidad”. Además, a juicio de los estudiantes el proceso para la aprobación de la LOU y el texto en sí mismo, se habían configurado con una máxima: “no nos han tenido en cuenta”.

No obstante, creo que es de justicia reconocer que, lógicamente, no todos los aspectos recogidos en la LOU son negativos, lo que ocurre es que quedan sumamente invalidados en un texto legal que ha gozado de un rechazo social, universitario y político sin precedentes y cuyo origen ha estado, sin duda, en la falta de diálogo, de consultas a los diferentes sectores universitarios y, sobre todo, en actuaciones gubernamentales que se han instalado en posturas alejadas de principios como el consenso y el respeto a otras formas de pensar.

Para los estudiantes, la LOU supone serios retrocesos para el establecimiento de un sistema universitario que debe ser garante y primer factor de progreso individual y social. Fue (y lo digo en pasado con el convencimiento de que pase rápidamente a formar parte de él) una Ley preocupada por el control del poder interno de las universidades; sin medidas reales ni eficaces sobre la calidad de la formación universitaria y el sistema de becas, la mejora de la investigación y la gestión de las universidades públicas; que olvidaba justamente lo fundamental que es mejorar la formación inicial y permanente del profesorado y los procesos de formación de los estudiantes; que no creía precisamente en lo que decía defender: la autonomía universitaria; y que establecía dos de las cuestiones que han sido objeto de las mayores críticas por nuestra parte: la pérdida de peso en la representación estudiantil en los órganos de gobierno y la consagración de una doble “selectividad” para entrar en la universidad. Todas ellas son medidas no sólo criticadas por el sector al que represento sino por la gran mayoría de los que componemos la realidad universitaria.

Por ello, y creo que expresando la volunta mayoritaria de los estudiantes de nuestra universidad, confío en que el nuevo gobierno introduzca mejoras que combatan el retroceso que ha supuesto la implantación de la LOU para la universidad pública española. A este respecto, considero que es bueno recordar que mientras las instituciones universitarias públicas vivían momentos (elecciones a rector y claustro, elaboración de nuevos Estatutos, reformas de reglamentos; elecciones de órganos colegiados y unipersonales, etc.) que le alejaban de sus claros objetivos, las universidades privadas, quedando bastante exentas de las medidas recogidas en la LOU, desarrollaban con gran normalidad sus competencias inherentes; si bien creo que la ULPGC ha sido un buen ejemplo en todo este proceso que personalmente, y junto con mis compañeros/as representantes, hemos vivido muy de cerca.

Así la LOU, aprobada casi por vía de urgencia, ha sido una oportunidad perdida para mejorar la calidad de la docencia y del sistema universitario en su conjunto. Además, sigue sin ofrecer soluciones a algunos de los grandes problemas de la universidad pública española como la masificación, la excesiva carga teórica, el mejorable sistema de prácticas en empresas y, algo que es más grave, un insuficiente por no decir inexistente, plan de financiación con lo que ello supone para la mayoría de las universidades.

En definitiva, consideramos necesario reformar la LOU –así como otras leyes con implicaciones claramente educativas como la LOCE- pero con dos premisas básicas que, al menos en origen, garanticen un proceso sustancialmente diferente al desarrollado hasta ahora: el diálogo y la participación de los estudiantes, así como de los otros sectores de la universidad. Una sociedad no puede vivir en la transitoriedad continua que supone el establecimiento de leyes acordes con la opción política gobernante, de ahí la importancia de que el nuevo ordenamiento jurídico resultante suponga un marco consensuado que permita a la universidad española enfrentarse a los grandes retos que tiene planteados, entre ellos la calidad del propio sistema y la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, además de la responsabilidad política del gobierno y de la oposición, se debe contar con los estudiantes, pues prescindir de nosotros en la gestión y organización de la universidad es desdeñar al colectivo mayoritario y anular su responsabilidad como parte fundamental de ella.