Nicolás Navarro Batista, Prof. Titular de Derecho Internacional Público y Director del Centro de Documentación Europea

Apenas han transcurrido 17 años desde nuestra adhesión a las Comunidades, 12 años si contamos desde la fecha en que Canarias decidió integrarse plenamente (inicialmente estuvimos excluidos de la Unión Aduanera, de la política comercial común y de la política agrícola común –PAC-). Y, sin embargo, pocos proyectos han calado tan hondo en los medios políticos y de comunicación, en los agricultores, ganaderos, empresarios, en las organizaciones sociales, en los universitarios, en la sociedad canaria en general. Nuestra situación en el contexto de la integración europea y sus avatares forman parte de nuestra atención cotidiana.

Gran parte de este éxito se deriva de que las islas Canarias han logrado encontrar un reconocimiento de nuestra idiosincrasia, de nuestras peculiaridades. La legislación comunitaria está plagada de referencias que muestran la sensibilidad de las instituciones a nuestra realidad: la lejanía y el carácter ultraperiférico, la insularidad, la proximidad a terceros países menos desarrollados, la escasa superficie y la dispersión interna, el relieve accidentado y volcánico, nuestro régimen económico y fiscal histórico, la dependencia económica del sector de servicios, especialmente el turístico, y la escasa actividad industrial, los costes adicionales en materia de transportes y energía, las dificultades para sacar partido de la globalización o para realizar economías de escala, la tasa elevada de desempleo, los costes ambientales…

Todas estas referencias constituyen ya un lugar común en el Derecho Comunitario y muestran que Bruselas es consciente de nuestra realidad y de nuestras necesidades. El archipiélago canario cuenta con un estatuto específico en la Unión, un régimen jurídico singular y excepcional que no tiene parangón en otras regiones, dejando a salvo, naturalmente, las restantes regiones ultraperiféricas (RUP).

Canarias está plenamente integrada en la Unión, pero con un régimen especial en el ámbito aduanero y fiscal, en la agricultura y la pesca, en las ayudas estatales, en los fondos estructurales… En el marco de la Unión Aduanera, Canarias está exenta de aranceles para determinados productos con el fin de favorecer la industria local; también se suspenden los aranceles para ciertos productos agrícolas y pesqueros, con el fin de favorecer un Régimen Específico de Abastecimiento (REA) que tenga en cuenta los costes adicionales de transporte y abarate los precios de consumo. Se ha autorizado, además, un arbitrio sobre las importaciones y entregas de bienes (A.I.E.M.) destinado a favorecer el mantenimiento de industrias locales particularmente frágiles y que constituye una excepción a uno de los pilares básicos de la integración europea.

En el marco de la política agrícola contamos con un régimen específico de ayudas a la producción, comercialización y consumo de productos canarios: excepciones a las limitaciones de producción aplicables a la ganadería, ayudas para la adquisición de animales reproductores de pura raza, complementos a la prima comunitaria por vaca nodriza y por sacrificio, ayudas para el consumo de productos lácteos o para la comercialización y transformación de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas, ayudas por hectárea para el cultivo de la papa o de vinos de calidad, primas para el cultivo de tabaco, junto con la exención de aranceles en ciertos límites…

Las RUP también disponen de un régimen más generoso en las ayudas estatales destinadas al desarrollo regional o a la agricultura y la pesca. Atención especial merecen los fondos estructurales destinados a paliar las diferencias de desarrollo económico y social entre las regiones (la cohesión). En el período actual (2000-2006), la Comunidad habrá destinado más de 1.800 millones de euros a cofinanciar proyectos en los más diversos sectores: infraestructuras, medio ambiente, medidas para favorecer a personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo (discapacitados, mujeres…), etc. Sólo queda desear que esos recursos hayan logrado su objetivo, es decir, un cambio estructural, permanente, en nuestra situación económica y social. Naturalmente, es inevitable hacer una breve referencia a las perspectivas, poco halagüeñas, que nos esperan para el año 2007 y siguientes. El problema no radica tanto en la ampliación hacia el Centro y Este de Europa, como en ocasiones se aduce, sino en que Canarias ha superado ya claramente el umbral del 75% de la renta media comunitaria que nos convertía en objetivo privilegiado de la cohesión (regiones objetivo número 1). ¿Morir de éxito?

Otras muchas cuestiones quedan pendientes. Pero, al menos, quiero destacar la importancia de que el Tratado de Ámsterdam (1997) haya previsto un régimen específico para las RUP (artículo 299.2 CE). Desde entonces contamos con una base jurídica sólida, anclada ya no en un Acta de Adhesión, necesariamente provisional, sino en un régimen que garantiza estabilidad y permanencia a nuestras singularidades. Conviene resaltar, en este sentido, la importancia de que el texto del proyecto de Tratado Constitucional que se está negociando actualmente mantenga una disposición similar (artículo III-330 del proyecto). Les animo a consultar el texto de este proyecto ( www.europa.eu.int/futurum/index_es.htm ) y a participar en el ilusionante debate sobre qué Europa queremos y cómo queremos que se construya.