Manuel Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Ciencias Históricas y Presidente de la Asociación Canaria de Profesores e Investigadores Universitarios (ACAPIUN)

A mediados de enero de 2002 entró en vigor la Ley Orgánica de Universidades (LOU), impuesta por la mayoría absoluta del Partido Popular, que contó con el apoyo, no está de más recordarlo, de algunos partidos políticos como Coalición Canaria. Dos años no es mucho tiempo para valorar los efectos beneficiosos o nocivos de una Ley Orgánica. Pero en el caso que nos ocupa, los “efectos colaterales” de la LOU se han evidenciado desde un primer momento. Y aunque el espacio que me conceden los editores de El Digital no me permite extenderme como quisiera, creo que podré resumirlos en sólo tres, que son tantos como reformas necesita esta Ley:

• Mejora de la carrera profesional del personal docente e investigador, después de que el PP la haya convertido en una auténtica carrera de obstáculos que, lejos de mejorar el anterior modelo de la LRU, lo ha envilecido aún más. En este sentido, las alternativas que en su día propuso el PSOE deberían recuperarse para el debate y, si gozan del apoyo del arco parlamentario y de la comunidad universitaria, ponerse en marcha cuanto antes. Sobre todo después de haberse comprobado que el invento de la habilitación no ha servido para que se promocionen los “mejores” (que era lo que Pilar del Castillo auguró), y además, ha demostrado que es un sistema más costoso e ineficiente que el anterior.
• Replanteamiento del modelo y del papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), establecido por el PP en la LOU, que, después de año y medio de funcionamiento, se ha mostrado absolutamente ineficaz. No sé si alguna vez los españoles sabremos cuánto dinero nos ha costado la ANECA, ni cuánto han cobrado sus directores y técnicos. Pero es de esperar que el modelo de una fundación privada establecido por el PP sea rápidamente sustituido, como el PSOE propuso en su día, por una Agencia dependiente del Ministerio y, por tanto, sujeta a un control político. Y esperemos que los baremos para acreditar al profesorado se reconduzcan por la senda de la sensatez, después de que miles de profesores (e incluso el Defensor del Pueblo), hayan denunciado las injusticias cometidas contra un colectivo cuya trayectoria docente e investigadora no merecía semejante trato.
• Recuperación de la autonomía universitaria, seriamente recortada por una LOU que ha politizado (que no socializado, que era lo esperable) los Consejos Sociales, ha reducido la pluralidad en los órganos de gobierno y ha provocado, entre otras cosas, que las universidades tengan serios problemas para funcionarizar y estabilizar al profesorado que necesitan para llevar a cabo las tares docentes e investigadoras. Las universidades españolas no pueden estar sujetas a controles derivados de la coyuntura política, más allá del exigible control sobre la correcta utilización de los fondos asignados y el desempeño de las tareas que la sociedad le exige.

Por último, pero no en último lugar, quiero señalar mi esperanza de que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero no nos falle a los universitarios y apruebe el examen que el PP ha suspendido, una y otra vez, durante los últimos cuatro años. Frente a la arrogancia, la soberbia y el maniqueísmo ramplón de “estás conmigo o contra mí”, debe instaurarse un diálogo fluido entre las partes, las tendencias políticas y los modelos de universidad posibles. Sólo así, los universitarios, la clase política y la sociedad en general, podremos tener la seguridad de estar construyendo la Universidad que nuestro país necesita para el siglo XXI. Los retos que nos aguardan, entre ellos la adaptación al espacio educativo superior europeo, hacen necesario un nuevo estilo de gobierno, dentro y fuera de nuestras universidades.