Lobo Cabrera presentó al Consejo de Gobierno celebrado en octubre un informe sobre la situación y evaluación de la financiación de la ULPGC. Así indicó que en la ULPGC los ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias suponen el 82,1% del total de sus recursos y las tasas de matrícula un 9,9%. En este marco, los presupuestos negociados por el Rectorado han supuesto entre 1999 y 2004 que las transferencias de la Comunidad Autónoma de Canarias para la ULPGC se hayan incrementado un 73%, esperando que en el año 2006 se consiga duplicar los ingresos presupuestados por la ULPGC hace 10 años.

El Rector de la ULPGC señaló que este incremento no ha supuesto una disminución del diferencial entre las cuantías que figuran en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada una de las universidades canarias en términos absolutos. Sin embargo, los datos difieren si se estudian los ingresos liquidados y no los presupuestados, reduciéndose esa diferencia en financiación tanto por las gestiones emprendidas por la ULPGC para obtener recursos ajustados a los gastos, como por la mayor capacidad de esta universidad para materializar la totalidad de las transferencias inicialmente presupuestadas.

Manuel Lobo concluyó diciendo que el sistema universitario canario debe dotarse de un modelo de financiación ecuánime y motivador sustentado en el número de estudiantes a tiempo completo (ETC), es decir que la Comunidad Autónoma asigne la financiación partiendo de un mismo valor por ETC para las Universidades, que es un parámetro básico de asignación de recursos utilizado en otras universidades españolas y europeas, unido a otros estímulos financieros que permitan recompensar adecuadamente la búsqueda de la calidad y de la eficiencia en la prestación de los servicios académicos por parte de las universidades canarias.

Como consecuencia de este informe presentado por el Rector, el Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad encomendar al Rector que oriente sus negociaciones en el próximo contrato-programa con el Gobierno de Canarias en torno a varios objetivos:

1. Establecer un modelo de financiación ecuánime y motivador para el sistema universitario canario basado en la aplicación de criterios racionales y objetivos, lo cual debe llevar a considerar el número de estudiantes a tiempo completo (ETCs) como parámetro básico para la asignación de recursos económicos e incorporar los estímulos financieros necesarios para recompensar adecuadamente la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios académicos por parte de las universidades.
2. Lograr una auténtica convergencia financiera en el sistema universitario canario, de forma que se elimine el diferencial que, en términos relativos al tamaño de las universidades, actualmente existe en la asignación de recursos públicos.
3. Conseguir un aumento significativo de las dotaciones específicas que se han consolidado en los últimos años para acciones de reposición, equipamiento y mantenimiento con el fin de poder hacer frente a las crecientes necesidades de la institución en materia de sostenimiento y reposición de infraestructuras, equipamientos y tecnologías y, al mismo tiempo, solicitar dotaciones específicas para la puesta en marcha de proyectos innovadores con el objetivo de propiciar una rápida adaptación de las universidades canarias al Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
4. Asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de financiación y consolidación parcial de los complementos retributivos del profesorado universitario.
5. Alcanzar un acuerdo para que en un plazo razonable de tiempo la Universidad pueda completar sus necesidades básicas en nuevas infraestructuras, priorizando en este sentido las inversiones que deben hacerse para la terminación del Campus de Ciencias de la Salud, en San Cristóbal, la construcción del Edificio de Humanidades, en Tafira, y la creación del Campus de Lanzarote, en Arrecife, y afrontando al mismo tiempo las remodelaciones y ampliaciones que se necesitan acometer en los edificios actuales para adaptar el conjunto de nuestras instalaciones a los requerimientos que impone la convergencia europea en materia de organización de espacios docentes y creación de centros de recursos para el aprendizaje y la innovación.